Sr. Apoderado, su pupilo me agredió
En 2014 hubo 178 denuncias de violencia a profesores de colegio por alumnos y apoderados. El Colegio de Profesores y la Superintendencia de Educación estiman que los casos son muchos más, pero que los docentes no hacen la denuncia correspondiente, porque los supera la vergüenza.
Por Daniela Pinto Ortega
Luis Pérez (39) es profesor en el colegio Los Olmos de Puente Alto. Uno de sus alumnos tenía actitudes conflictivas y Pérez sospechaba que incurría en actividades ilegales dentro del establecimiento. Hizo una investigación entre los estudiantes y presentó documentos al colegio para gestionar la expulsión del joven problemático. Un día el apoderado del alumno llegó con su hijo a increparlo dentro de la sala de clases. Lo insultaron y amenazaron. “No me pegaron, pero las amenazas y la forma en que me trataron fue denigrante”, cuenta el profesor.
El docente hizo la denuncia en Carabineros, pero quedó en nada: a menos que el joven o su tutor volvieran a increparlo no se iniciaría una investigación en contra de los acusados. Desde el Colegio de Profesores y la Superintendencia de Educación creen que casos como los de Pérez son más comunes que las denuncias que efectivamente se concretan. A esto llaman la “cifra negra” de profesionales de la educación que son víctimas de agresiones, que no se atreven a realizar la denuncia pertinente. Jorge Abedrapo, presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, dice que sus colegas tienden a sentirse humillados tras una agresión física o verbal y la vergüenza los lleva a callar.
“Cuando un profesor llega a denunciar está destruido, llegan con mucha vergüenza”, indica el abogado del Colegio de Profesores, Sebastián Bustos. Dice que es muy común que en la prensa salgan casos de maestros que violentan a sus alumnos, por lo que además temen que nadie les crea o que se les culpe. No todos los profesores denuncian a la Superintendencia. Acuden directamente a Carabineros. Esos casos no quedan contabilizados como violencia a docentes ya que no son notificados a la Superintendencia.
Jorge Abedrapo, presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, dice que sus colegas tienden a sentirse humillados tras una agresión física o verbal y la vergüenza los lleva a callar.
En cada comuna hay consejos de profesores colegiados que se reúnen a hablar de lo que les inquieta en cada sector. Así es como los dirigentes del magisterio se enteran de que hay casos de violencia a docentes que no son denunciados. Finalmente son los mismos profesores quienes se apoyan mutuamente para pasar por el mal momento, pero no buscan otra instancia judicial. El consejo de profesores presenta estas situaciones a la Superintendencia de Educación. Ambos organismos estiman una alta cantidad de agresiones no denunciadas.
En 2012, la Superintendencia comenzó a recibir y gestionar las denuncias del área, incluidas las de profesores, responsabilidad que antes recaía en el Ministerio de Educación (MINEDUC). Aun así, este último es el organismo directamente responsable por el funcionamiento de la educación en Chile. Por eso, el Colegio de Profesores presentó ahí su petitorio de 5 medidas para reformar en el corto plazo. Estas corresponden al aumento del ingreso mínimo docente, el bono de retiro, la titularidad de los profesores a contrata, el pago de la deuda histórica y terminar con el agobio laboral.
El agobio laboral representa las muchas horas de clase frente a las pocas horas de planificación que actualmente tienen los docentes. Abedrapo aclara que es en este punto donde también se toca el caso de los maestros que reciben agresiones, porque es parte de su carga de trabajo. Explica que durante el mes de enero tuvieron reuniones con el MINEDUC y la Superintendencia donde se trató específicamente este tema; y asegura que se les prometió hacer más reuniones para discutir este problema y para ofrecer más apoyo, pero que no se han concretado.
Límites
Elizabeth Molina, coordinadora académica del colegio de adultos Escuela Belén en La Florida, explica que no es sorprendente que personas acostumbradas a un contexto social vulnerable tengan problemas a ajustarse a un sistema de normas. Esa es su explicación para los improperios y el tono desafiante de algunos de los estudiantes de su establecimiento.
La madre de la alumno empujó el escritorio de la profesora Elizabeth Molina y comenzó a golpearla.
En 2014, ella vivió una situación fuera de control tras ponerle una anotación negativa a una alumna conflictiva. La madre de la joven llegó a su oficina a exigir explicaciones. Como se trata de un colegio para adultos, los alumnos no tienen apoderados, son ellos mismos quienes se representan. Aun así la madre pedía una explicación. Ante las reiteradas negativas de Molina, la mujer perdió la paciencia y amenazó e insultó a la docente.
La alumna y su pololo entraron luego a la oficina y se sumaron a los insultos y amenazas contra Molina. La madre de la estudiante empujó el escritorio contra Molina y comenzó a golpearla. Los gritos se escucharon desde el patio, donde los alumnos estaban en recreo, quienes alertados entraron a la oficina a sacar a la madre exaltada.
Al finalizar la jornada, Molina se dirigió a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) a constatar lesiones, donde le diagnosticaron un politraumatismo y la derivaron a un médico y a un psicólogo. Le dieron licencia. La profesora estuvo en tratamiento desde noviembre del 2014 hasta mayo de 2015.
Al día siguiente Molina conversó con el director del colegio, quien en lugar de apoyarla, le reprochó haberse enfrentado a la madre y la constancia que dejó en la ACHS. Por su posición como coordinadora logró expulsar a la alumna involucrada y a su pololo, pero necesitó apoyo psicológico para superar el trauma.
Impotencia legal
No hay una ley que diga qué hacer en estos casos. Cada escuela tiene un reglamento interno para sancionar al alumno agresor. El problema es que la mayoría de las denuncias son por ataques de apoderados, no de alumnos, lo que escapa al reglamento del colegio. Por lo tanto, para que el victimario reciba una sanción, se debe hacer una denuncia.
No hay una ley que diga qué hacer en estos casos. Cada escuela tiene un reglamento interno para sancionar al alumno agresor.
Cuando la Superintendencia de Educación recibe una denuncia lo primero que hace es contener al profesor agredido, facilitándole ayuda psicológica en caso de necesitarlo. También se preocupa de que los agresores reciban un tratamiento para minimizar la posibilidad de un nuevo ataque. Luego interviene para asegurarse de que el establecimiento de una sanción según sus propios estatutos de convivencia escolar. Si el agresor es un alumno, el colegio debe demostrar que se le aplicó una medida disciplinaria, pero si se trata de un apoderado, se debe asegurar que el estudiante no reciba castigo. Si se infringe la normativa, la Superintendencia puede cobrarle una multa de hasta 501 UTM al establecimiento, alrededor de 22 millones de pesos.
Valores prepotentes
Francisco Valenzuela tiene 26 años y enseña en el colegio Juan Luis Sanfuentes de Talca, donde funciona un proyecto de inclusión que imposibilita que los alumnos del programa tengan una nota reprobatoria o sean expulsados. “Por eso se sienten con más derechos. Como saben que no les podemos hacer nada, no hacen las tareas, no prestan atención en clases y los apoderados los apoyan. Es un problema de educación de la casa”, explica Valenzuela. El docente asegura recibir a muchos apoderados con quejas, porque sus hijos no obtienen buenas notas.
“La violencia es naturalizada en el sentido de que el apoderado se para frente al docente con una actitud de ‘yo pago’. Para mí eso es violencia”, dice la profesora Dominique Fontalba.
El problema no es exclusivo en colegios con riesgo social. Dominique Fontalba es profesora de Historia y Ciencias Sociales en el Boston College de Maipú, donde además es la secretaria sindical. Ella no recuerda casos de agresión física, pero sí de violencia verbal de apoderados a docentes. “La violencia es naturalizada en el sentido de que el apoderado se para frente al docente con una actitud de ‘yo pago’. Para mí eso es violencia”, dice Fontalba. Explica que no todos son prepotentes o directamente agresivos, pero que sí es muy común que la actitud sea de exigir que el profesor cubra todas las necesidades de los alumnos. Incluso más allá de las labores puramente educativas.
Una cuestión externa
El Colegio de Profesores pide que todos los establecimientos escolares del país cuenten con un equipo interdisciplinario que se encargue de tratar a los alumnos agresores. Este punto no se ha cumplido totalmente, porque aún hay establecimientos que dicen no tener los recursos para sustentar ese equipo.
Si un profesor violentado busca reparación psicológica o alguna otra medida contra el agresor, debe hacerlo por sus propios medios.
El Colegio de Profesores da consejo legal a aquellos docentes colegiados, pero sólo en el ámbito laboral, no penal. La orientación es para que el profesor exija al empleador que cumpla con velar por un sano ambiente laboral, según estipula el Código del Trabajo. Si el profesor afectado busca reparación psicológica o alguna otra medida contra el agresor, debe hacerlo por sus propios medios.
La otra medida que ofrece el magisterio es una conferencia de prensa donde el docente agredido puede hablar públicamente de la situación, pero en la mayoría de los casos los profesores se niegan a hacerlo.
“En las escuelas los alumnos viven complicaciones ajenas a su enseñanza, como problemas económicos, drogadicción o violencia doméstica”, explica Jorge Abedrapo, e insiste en que es necesario que en las escuelas haya psicólogos, psicopedagogos y profesionales que ayuden a que los estudiantes puedan tratar sus propios problemas de una forma más sana. Para él esta es la solución para no terminar en un episodio violento.
La mayor cantidad de denuncias que recibe la Superintendencia de Educación es por agresiones de apoderados. Abedrapo cree que ahí es donde parte el problema: cuando un padre no respeta ni valora la labor de un profesor, proyecta eso a su hijo, quien podría replicar sus conductas.
Sobre la autora: Daniela Pinto Ortega es alumna de tercer año de periodismo y este reportaje es parte de su trabajo en el curso Taller de Prensa impartido por el profesor Juan José Lagorio. El reportaje fue editado por Juan Pablo Casado como colaborador de Km Cero.