Pedregoso tiene una pena
En 2009 un incendio destruyó parte de la escuela rural Malalmahuida donde estudian los niños de una comunidad mapuche en la región de la Araucanía. Llevan seis años en constantes batallas con la municipalidad de Lonquimay por la construcción de un nuevo establecimiento y exigen condiciones básicas como agua potable y calefacción para continuar las clases en el edificio actual. Mientras esperan la inauguración del nuevo recinto, no están dispuestos a seguir bajo la misma administración.
Por María José Navarrete.
“¿Cómo está, peñi?” es la frase que más se escucha al llegar al sector de Pedregoso. A 32 kilómetros de la comuna de Lonquimay, en la región de la Araucanía, la mayoría de su población es mapuche. Las familias cocinan con leña, toman sopa campesina y ensalada con verduras del huerto. También hacen su propio pan. Por la radio comunitaria se escuchan rancheras y frases en mapudungun. A las tres de la tarde es la hora del mate. Al atardecer, desde la primavera al otoño, algunas ancianas se bañan a la orilla del río.
En Pedregoso, el castellano y el mapudungun se entrecruzan en las conversaciones. Son un pueblo nómade durante los veranos. Se deleitan buscando distintos tipos de palos: para caminar, para el telar y para acarrear ovejas. Cuando el lonco o jefe lo estima, celebran el guillatún para pedir y dar gracias. En los libros de historia, los niños leen sobre su pueblo como si ya se hubiesen extinguido. Muchos de sus papás preferirían que aprendieran más de su propia historia, la mapuche, antes que la de Chile.
En 2009 la escuela pública de Pedregoso Malalmahuida –corral de montaña en mapudungun–, se incendió. El sueño de la comunidad de construir una nueva escuela se convirtió en una serie de disputas hasta el 2012, cuando el Ministerio de Desarrollo Social aprobó la construcción del nuevo establecimiento educacional, pero sin tomar en cuenta el proyecto arquitectónico creado por la comunidad.
Francisco Díaz, jefe de gabinete del alcalde UDI Guido Barría, explica que esa decisión fue porque la propuesta de los mapuche estaba pensada para 40 alumnos por curso, cuando el promedio en esa escuela es de 15. La obra tiene fecha de término para octubre de 2015 y la inauguración está prevista para marzo de 2016.
Aprender sobre las cenizas
Por ahora, las clases se hacen en la infraestructura que quedó en pie después del incendio. El inicio del año escolar se tuvo que retrasar dos semanas, porque no contaban con conexión de gas para cocinar, no había agua potable suficiente, ni estufas para calentar a los niños cuando los días en Pedregoso amanecían con temperaturas inferiores a cero grados. Francisco Díaz dice que este tipo de “irregularidades administrativas” solo se presentarán durante este año, hasta que esté lista la nueva escuela.
Pablo Cayul, abogado y presidente de la mesa territorial Pedregoso, afirma que el alcalde Barría ha actuado como un “dictador imponiendo la ley” y que no ha escuchado las peticiones de los locales durante los seis años que han pasado desde el incendio.
A inicios del año escolar se llamó a un concurso público para elegir al nuevo director del establecimiento porque ya había terminado el periodo de cinco años del antiguo. Al no ser consultada en el procedimiento, la paciencia de la comunidad se acabó. De acuerdo a lo señalado en la ley 20.501 sobre calidad y equidad en la educación, el nuevo director debía elegirse mediante un concurso público, dejando la última palabra al alcalde. “Dicha nómina contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos, los que serán presentados al sostenedor quien podrá nombrar a cualquiera de ellos”, dice la norma. El 31 de marzo Luis Calderón asumió la dirección.
El artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas dice que los pueblos indígenas deben: “participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan”.
Apoderadas de la comunidad afirman que el proceso estuvo viciado, porque se sabía con anticipación quien sería el seleccionado para el puesto. Díaz defiende que la decisión se tomó en base a criterios técnicos nombrados en la ley, como el nivel de perfeccionamiento del sucesor y su liderazgo.
El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo –ratificado por Chile– exige: “que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan”. También señala que: “estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan”. Además el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas dice: “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados, por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. Los tratados internacionales están por sobre la ley chilena por lo tanto, además del malestar de la comunidad, existe un conflicto jurídico en el proceso a través del cual se eligió al director de la escuela Malalmahuida.
Cortar las raíces
La nueva autoridad de la escuela de Pedregoso –que se negó a hablar para este reportaje– tuvo desencuentros con la comunidad mapuche. Los padres afirman que él quiso quitar los murales de kultrún pintados por los niños y que no entendía por qué debían tener horas de clases en mapudungun, si podían ocuparse en lecciones de matemáticas o de lenguaje.
Calderón también cerró la radio comunitaria que funcionaba dentro de la escuela. “La radio incitaba a la subversión política y promovía la violencia”, afirma Francisco Díaz. El problema es que la colectividad se quedó sin el único medio que tenían para comunicarse entre ellos, ya que a Pedregoso no llega señal de teléfono ni hay internet.
El internado, que funciona para los niños que viven lejos, quedó sin su inspectora y los menores durmieron solos durante dos días.
El 9 de abril los padres tomaron el control del establecimiento. Las apoderadas sacaron a Calderón de su oficina y le exigieron que entregara sus llaves. Durante los días siguientes las mamás de los niños se quedaron en la escuela pese a las amenazas de desalojo por parte de Carabineros. Cuatro profesores presentaron licencia médica. Dos de ellos ya estaban cerca de jubilar y en la comunidad dicen que los otros dos pidieron traslado de comuna. Los profesores ausentes no fueron reemplazados y las clases de historia y ciencias sociales se suspendieron.
De los 92 alumnos matriculados en la escuela, diez se retiraron. El internado, que funciona para los niños que viven lejos, quedó sin su inspectora y los menores durmieron solos durante dos días, hasta que los funcionarios de la escuela se organizaron para quedarse en turnos.
Los profesores no tenían claridad de sus contratos: desde la municipalidad les avisaron que serían sumariados por no cumplir con el funcionamiento regular de la escuela. A Gloria Peña, la psicóloga de la escuela, el departamento de educación de la municipalidad le renovó su contrato solo por el mes de abril. Sobre la acusación ella afirma: “Si tengo que asumir sumarios por no mentirle a la gente, lo voy a hacer”. Actualmente Peña está trabajando de forma voluntaria en la escuela sin recibir sueldo.
“A mí me daba vergüenza que me preguntaran si era mapuche”, dice el concejal de Lonquimay Roberto Cayul.
Roberto Cayul es concejal de Lonquimay. Asegura que él recibió una formación discriminatoria, ya que sus profesores no dominaban la lengua mapudungun ni conocían su estilo de vida. Teme que la historia de los niños emule la suya: “Llegué al liceo con una autoestima bajísima. Aquí en la escuela nunca nos enseñaron que ser mapuche era algo positivo. A mí me daba vergüenza que me preguntaran si era mapuche”, dice Cayul. Años más tarde, como profesor en la localidad vecina de Cruzaco, cuando analizaban los malos resultados obtenidos en la prueba Simce, sus colegas decían que los niños de Lonquimay no aprendían porque eran mapuche. Hoy se siente orgulloso de que la comunidad de Pedregoso se junte a discutir sobre educación.
Administrador provisional
El 25 de abril de 2015 llegó a la escuela Marcelo Segura, Seremi de Educación de la región de la Araucanía, para mediar entre la comunidad y el municipio. La sala se llenó de público, pero el alcalde Guido Barría no asistió. El compromiso de Marcelo Segura fue integrar a Malalmahuida a un proyecto de 20 escuelas bilingües en la región. El llamado plan de implementación de educación intercultural bilingüe aspira a tener a estos recintos impartiendo la enseñanza del mapudungun en marzo de 2016.
El segundo compromiso del Seremi fue enviar ayuda experta. La última semana de abril acudió a la escuela un equipo del ministerio para solucionar las necesidades más urgentes: arquitectos que vieron los problemas en infraestructura, un abogado y supervisores que evaluaron las irregularidades del lugar.
Cerca de tres semanas después de la visita de Marcelo Segura, la comunidad cortó con barricadas la carretera del paso internacional Pino Hachado para presionar por una rápida respuesta a sus peticiones. El ministerio, en un esfuerzo conciliador, instaló una mesa de diálogo entre el municipio y los dirigentes mapuche. Pablo Cayul cuenta que el alcalde no fue a las reuniones ni aceptó las exigencias pedidas y la negociación se rompió la última semana de mayo.
Cuatro representantes del sector mapuche presentaron una denuncia a la Superintendencia de Educación el día 25 de mayo. Solicitaron la intervención de un administrador provisional. La ley 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, en su artículo 89 especifica una de las razones para nombrar un administrador provisional: “Cuando por causa imputable al sostenedor, se suspendan reiteradamente los servicios básicos para el buen funcionamiento del local escolar. Se entenderá por suspensión reiterada la no disponibilidad del servicio básico en un período de tres días hábiles consecutivos o cinco días hábiles en un período de seis meses”, señala el reglamento.
Al día siguiente la gobernadora provincial de Malleco, Andrea Parra Sauterel, envió un oficio a Guido Barría en el que detalla las irregularidades de la escuela: los cuatro profesores ausentes con licencia médica no fueron reemplazados, no se entregaron prestaciones básicas como agua potable ni calefacción. Tampoco materiales educativos ni sanitarios. No se postuló a tiempo al Programa de Integración Escolar (PIE), perdiendo la subvención económica asociada al mismo. A mediados de mes la municipalidad suspendió el traslado en bus escolar de los niños y niñas al establecimiento.
Lo que no se condice con los aportes económicos que habría recibido la escuela. Desde enero a mayo de 2015, la dirección Provincial de Educación informó que se entregó una subvención total de $86.936.012 al municipio de Lonquimay para el financiamiento de Malalmahuida. “Resulta inconsistente que estos servicios no se provean adecuadamente como la ley lo establece (…) solicito a usted encarecidamente cumplir con su rol de sostenedor y garantizar la adecuada atención de los niños y niñas de la escuela de Pedregoso”, finaliza la gobernadora en el documento.
Antes de que llegue el invierno en el “corral de la montaña” ya está todo cubierto de blanco. Las clases en Malalmahuida se continúan haciendo con cuatro profesores y una profesora de inglés que va dos veces por semana. La calefacción ya no es un problema, pero los niños no tienen transporte para ir de sus casas al establecimiento. La escuela lleva casi tres meses sin director y bajo el mando de los apoderados, que esperan los resultados de las fiscalizaciones de la Superintendencia de Educación.
El 24 de junio, según su cosmovisión, el pueblo mapuche empieza otro año con el inicio de la época de siembra y la salida de un nuevo sol.
Sobre la autora:María José Navarretees alumna de quinto año de Periodismo y este reportaje es parte de su trabajo en el curso Taller de Prensa impartido por la Profesora Jimena Villegas. El artículo fue editado por Valentina Araya como parte de su trabajo en el curso Taller de Edición en Prensa Escrita impartido por el Profesor Enrique Núñez Mussa.